Bajo el nombre de "Iguazú AI City", los inversores estadounidenses Araico y Crusoe utilizarán energía estratégica de Itaipú. El sindicato de la ANDE exige transparencia sobre el contrato inminente de 280 MW.

Paraguay se sitúa en la vanguardia de la carrera global por la superinteligencia con la puesta en marcha de la mayor inversión privada registrada en la historia nacional. El campus tecnológico "Iguazú AI City", presupuestado en US$ 12.000 millones, avanza con firmeza en el distrito de Yguazú (Alto Paraná) para constituirse como un hub masivo de procesamiento de Inteligencia Artificial alimentado por la central hidroeléctrica de Itaipú.

La magnitud del proyecto mantiene en vilo al mercado energético local. Mientras los representantes corporativos señalaron que la firma del acuerdo con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) es inminente, gremios internos de la estatal exigen la total socialización del pliego tarifario para resguardar la rentabilidad del patrimonio público.

Detalles técnicos y el debate por el precio de la energía

·         Despliegue de potencia por etapas: La fase inicial arrancará en diciembre de 2026 con un suministro básico de 6 MW, escalando de forma sostenida hasta alcanzar la meta final de 280 MW de potencia total contratada.

·         Ajuste tarifario en discusión: Filtraciones del entorno técnico indican que el precio base de negociación se habría elevado de US$ 45 a US$ 48 por MWh, superando el pliego estándar de US$ 35 y contemplando un reajuste anual del 2,5% atado a la inflación de EE. UU..

·         Blindaje de soberanía local: Frente a las versiones difundidas en portales regionales que sugerían que el centro operaría en territorio compartido, se confirmó que las instalaciones se edificarán enteramente en suelo paraguayo.

Movilización por la transparencia contractual

A pesar de que las proyecciones financieras garantizan ingresos millonarios directos para la ANDE, el sindicato de la institución (Sitrande) anunció medidas de fuerza exigiendo la publicación íntegra de las condiciones comerciales. Argumentan que, ante el volumen de consumo equivalente al de ciudades enteras, el Estado debe asegurar cláusulas rígidas de beneficio mutuo que protejan las finanzas públicas a largo plazo.